En medio de temperaturas bajo cero y vientos subantárticos, miles de trabajadores fueguinos se alzan en protesta contra una medida presidencial que amenaza con desmantelar décadas de desarrollo industrial en la región más austral de Argentina. La decisión del presidente Javier Milei de eliminar gradualmente los aranceles a la importación de teléfonos móviles ha desatado una tormenta social que podría transformar radicalmente el paisaje económico de Tierra del Fuego.
La lucha por la supervivencia industrial en el fin del mundo
En Ushuaia, conocida como «la ciudad del fin del mundo», el termómetro marca -4°C mientras miles de trabajadores se movilizan en una histórica manifestación. Entre ellos está Claudia Tigüel, una operaria de 48 años que, junto a sus compañeros, mantiene una vigilia permanente frente a las instalaciones de NewSan, uno de los principales fabricantes de electrónicos del país.
«Las fábricas son mi vida», declara Tigüel, cuya historia personal refleja la de miles de trabajadores que han dedicado décadas a construir el tejido industrial de esta región estratégica. «La mitad de mi vida está aquí. Tratar de no dramatizar lo que nos pasa es imposible.»
Un legado industrial amenazado
La provincia insular, situada a 1.000 kilómetros de la Antártida, ha florecido gracias a una ley de 1972 que estableció exenciones fiscales para fomentar el desarrollo regional. Esta política transformó una zona de apenas 13.000 habitantes en una próspera comunidad de 190.000 personas, convirtiéndose en un polo industrial crucial para Argentina.
Actualmente, las fábricas de Tierra del Fuego producen más de 10 millones de celulares anualmente, abasteciendo el 96% del mercado nacional con marcas como Samsung, Motorola, TCL, ZTE y Alcatel. La industria promocionada representa el 35% de la economía fueguina y proporciona uno de cada cuatro empleos privados en la región.
El impacto económico y social de la medida
El decreto de Milei establece una reducción gradual de los aranceles a la importación: del 16% al 8% en una primera fase, y hasta llegar al 0% en enero de 2026. Según el economista Juan Pablo de Luca, esta medida podría poner en riesgo entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo, con un impacto mensual en salarios de aproximadamente 10 millones de dólares.
El gobernador Gustavo Melella ha expresado su preocupación en redes sociales, advirtiendo sobre el riesgo que representa para «el futuro de la provincia y miles de familias fueguinas». Por su parte, el CEO del grupo Newsan, Luis Galli, anticipa consecuencias «altas» para el sector.
El debate sobre el modelo industrial fueguino
Los críticos del sistema actual, incluido el jefe de gabinete Guillermo Francos, cuestionan que las fábricas simplemente «arman productos que vienen desarmados desde el exterior». El vocero presidencial, Manuel Adorni, argumenta que los celulares en Argentina cuestan el doble que en Brasil o Estados Unidos, prometiendo una reducción de hasta el 30% en los precios con la nueva medida.
El centro de investigación Fundar estima que el régimen industrial de la región representa un costo fiscal de 1.070 millones de dólares anuales, equivalente al 0,22% del PBI nacional en exenciones impositivas.
La resistencia humana: más allá de los números
En las calles heladas de Ushuaia, la resistencia continúa. Raúl Caucota, con 35 años de servicio en la industria, representa la cara humana de esta crisis: «Con mi edad no podría conseguir otro empleo», confiesa. Como muchos otros, llegó desde la provincia norteña de Jujuy buscando oportunidades y encontró no solo un trabajo, sino una identidad.
«Primero fue un simple empleo pero ahora es parte de nuestra identidad. Un modo de vida que vamos a defender como sea necesario», afirma Caucota, mientras sus compañeros luchan contra el viento subantártico para mantener en pie las carpas de protesta, símbolo de una resistencia que promete continuar hasta que sus voces sean escuchadas.
