La administración Trump desafía el orden marítimo internacional con una controvertida decisión que podría fragmentar la gobernanza de los océanos. La autorización unilateral para la explotación minera en aguas profundas genera alarma entre expertos internacionales, quienes advierten sobre las consecuencias de ignorar décadas de cooperación multilateral en los mares.
El desafío al patrimonio común de la humanidad
La tensión surge de una paradoja fundamental: Estados Unidos se beneficia ampliamente de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), adoptada en 1982, pero nunca la ha ratificado formalmente. Esta convención, diseñada para evitar «una lucha despiadada» por el control de los fondos marinos según palabras de su arquitecto, el diplomático maltés Arvid Pardo, establece principios que Washington aplica selectivamente.
Coalter Lathrop, abogado internacional del bufete Sovereign Geographic, señala que Estados Unidos «es un gran beneficiario» de estas normas, disfrutando de una de las mayores Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) del mundo y de libertad de navegación para sus buques de guerra. Sin embargo, cuando simultáneamente «se ignora el resto del contrato», particularmente el principio de que los fondos marinos en aguas internacionales constituyen patrimonio común de la humanidad, el resultado es desestabilizador para todo el orden jurídico oceánico.
La orden ejecutiva que cambió las reglas del juego
A finales de abril, Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó a sus ministros agilizar los permisos para explotar minerales codiciados, incluso en aguas internacionales, basándose en una ley estadounidense de 1980. Esta decisión coincidió con la presentación de la primera solicitud comercial de extracción en altamar por parte de la empresa canadiense The Metals Company.
La maniobra resulta especialmente provocativa porque elude completamente a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), organismo al que la CNUDM ha encomendado la gestión de recursos fuera de las jurisdicciones nacionales. Esta acción unilateral ha generado indignación tanto entre defensores de los océanos como entre numerosos Estados miembros de la ISA, incluida China, que denuncian una flagrante violación del derecho internacional.
Voces de alarma desde la comunidad internacional
La secretaria general de la ISA, Leticia Carvalho, no escatimó críticas al calificar esta acción unilateral como un «peligroso precedente que podría desestabilizar todo el sistema de gobernanza de los océanos». Su preocupación refleja el temor generalizado de que esta decisión abra la puerta a un nuevo período de competencia destructiva por los recursos marinos.
Guy Standing, economista de la Universidad de Londres, va más allá al considerar este decreto como «lo más peligroso» que ha hecho Trump. Standing teme que la CNUDM se «deshaga» y provoque que otros países se sientan libres de ignorar el derecho marítimo establecido. Su escenario más pesimista contempla «una división en diferentes partes del mundo» donde potencias como «Rusia, China y Estados Unidos» se repartan regiones como el Ártico sin consideración por los marcos legales existentes.
La respuesta académica dividida
No todos los expertos comparten esta visión alarmista. James Kraska, profesor de derecho marítimo internacional en el US Naval War College, rechaza estos argumentos y considera «ingenuo pensar que Estados Unidos tiene este tipo de influencia» en un mundo que ya no es «unipolar». Kraska cuestiona fundamentalmente la existencia de «una obligación legal de cumplir un tratado al que nunca nos adherimos».
Para Kraska, existe una clara distinción entre las consideraciones políticas y las obligaciones legales. «Entiendo que haya oposición política, pero hay una diferencia entre la política y la ley», argumenta, defendiendo implícitamente el derecho estadounidense a actuar fuera del marco de la CNUDM.
Estrategias de contención internacional
Ante esta situación, otros países miembros de la ISA exploran mecanismos para frenar las ambiciones de The Metals Company. Una estrategia prometedora involucra invocar la obligación de los Estados de garantizar que sus empresas cumplan con el derecho internacional, independientemente de las acciones unilaterales estadounidenses.
Un caso emblemático es Japón, donde The Metals Company mantiene una asociación estratégica con la fundición Pamco para procesar los nódulos polimetálicos extraídos en el Pacífico. Esta conexión podría proporcionar un punto de presión legal para países comprometidos con el marco multilateral de la ISA.
El desenlace de esta controversia definirá si el principio del patrimonio común de la humanidad en los océanos puede sobrevivir a los embates del unilateralismo, o si asistimos al inicio de una nueva era de competencia desregulada por los recursos marinos. La respuesta de la comunidad internacional en las próximas semanas será crucial para determinar el futuro de la gobernanza oceánica global.
