Este domingo, México iniciará un proceso histórico y controvertido: la elección popular de todos sus jueces. Esta iniciativa, sin precedentes a nivel mundial, ha generado un intenso debate sobre el futuro de la justicia en el país norteamericano.
Una reforma controversial
La reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por su sucesora Claudia Sheinbaum, pretende combatir la impunidad que afecta al 90% de los casos judiciales. Sin embargo, los críticos ven en esta medida un intento de control político sobre el último contrapeso al poder ejecutivo.
Dimensiones del proceso electoral
En esta primera fase se elegirán 2.600 jueces federales y magistrados en 19 de los 32 estados. El proceso se completará en 2027 con la elección de otros 4.000 jueces locales. La magnitud de esta transformación judicial no tiene comparación en el mundo, pues si bien algunos países eligen ciertos jueces por voto popular, ninguno lo hace para todo su sistema judicial.
Preocupaciones y riesgos
Las inquietudes sobre este proceso son múltiples. Se han detectado 19 candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado, incluyendo a una ex abogada del «Chapo» Guzmán. Además, existe el temor de que los jueces prioricen la popularidad sobre la justicia para asegurar su reelección, como advierte la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite.
Desafíos prácticos
La implementación del proceso enfrenta obstáculos significativos. En Ciudad de México, los votantes deberán manejar nueve boletas diferentes, con más de 3.400 candidatos solo en el ámbito federal. Las restricciones en la promoción de candidatos y la complejidad del sufragio han generado confusión entre los votantes, con solo la mitad conociendo la fecha de los comicios.
Voces desde el campo legal
Profesionales del derecho como Olimpia Rojas Luviano, abogada de 28 años, argumentan que «la justicia no se vota» y que la sociedad mexicana no está preparada para este ejercicio. Por su parte, Claudia Rojas, con 48 años de experiencia, defiende la integridad de los jueces actuales, negando haber presenciado casos de corrupción en su larga carrera.
El futuro de la justicia mexicana
Los resultados de esta transformación judicial no se conocerán hasta el 2 de junio, pero las implicaciones para el sistema judicial mexicano serán profundas. La independencia judicial, la lucha contra la impunidad y la relación entre justicia y política entran en una nueva era, cuyo éxito o fracaso podría redefinir el futuro democrático de México.
Este experimento sin precedentes en la justicia mexicana plantea una pregunta fundamental: ¿Puede la democracia directa resolver los problemas endémicos del sistema judicial, o simplemente creará nuevos desafíos para la administración de justicia en México? La respuesta comenzará a revelarse este domingo en las urnas.
